
A propósito del Día contra la Violencia Sexual
Quisiera decir que las 5 horas y media que estuve acompañando a una familia durante la atención de médico legista por violación a una menor de edad hubieran sido algo raro.
Amaría decir que es algo fuera de lo común, y una gran coincidencia ya que hoy, 19 de noviembre, se conmemoran dos fechas relacionadas con los derechos de la niñez y la adolescencia: en Perú tenemos el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes (establecido por la Ley N.º 31440 en 2022); y a nivel global se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
Pero no es raro.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta septiembre de este año 2024, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional han atendido 16,447 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y eso son sólo los casos reportados.
Y creo que siempre nos perdemos en las estadísticas. Pero a nivel individual ¿qué es lo peor?
Todo.
La agresión en sí misma es algo terrible; la impotencia; cómo al final de cuentas nada importa más que la fuerza de la víctima contra la fuerza del agresor.
El trámite para la denuncia es algo difícil. Responder las preguntas en detalle; el interrogatorio neutral e insistente en cámara Gesell; la revisión de un médico legista que, aunque ocurra con respeto, es una lenta y desagradable invasión que ocurre con guantes de látex y luz azul especial, para tomar fotografías de raspones, desgarros y fluídos corporales.
La pastilla para las náuseas de la víctima, no por el asco que produce la situación, sino para aliviar en algo el golpe de los medicamentos que debe tomar, consistentes en pastillas e inyección para prevenir enfermedades e infecciones de transmisión sexual, hepatitis B, VIH y -si la legislación del país lo permite- la pastilla para impedir un embarazo no deseado.
Los problemas de la familia, desde conflictos previos en las relaciones de convivencia, hasta dramas psicológicos, agravados en caso que el agresor sea un miembro de la familia.
Y claro, todo eso es sólo el comienzo de un proceso legal en el cual existirá un abogado defensor del otro lado, que buscará desmentir cada hecho contado por una niña, y buscará desvirtuar cada prueba, para defender las acciones de su cliente escudandose en quien sabe qué problemas. Argumentará que sufrió abuso en su propia infancia, que usa narcóticos y no sabía lo que hacía, que tiene problemas neuronales, y todo lo que pueda.
¿Qué viene luego?
El acompañamiento legal a la familia para continuar el proceso. El acompañamiento psicológico a la familia para que los miembros de la familia nuclear sepan cómo acompañar a la menor de edad. Y el acompañamiento psicológico directo a la menor de edad, para que tenga herramientas para lidiar con el problema.
¿Y qué deberíamos hacer todos los demás?
Siento que ya todos sabemos que queremos proteger a los menores de edad. Todos, menos los agresores.
Sería bueno que en cada hogar tengamos un acuerdo que incluya los artículos del código penal, que nos encargaremos personalmente de poner en ejecución en caso alguien de la familia se convierta en agresor.
Sería útil advertirle a cada persona que conocemos (así como le decimos a cada menor de edad, que no hable con extraños en la calle) que no vulnere o violente a menores de edad o haremos la denuncia nosotros mismos. Y todos deberíamos llamar a la línea 100 para denunciar a quienes vulneran a menores de edad, y asegurarnos que se sepa lo que han hecho.
Seria un comienzo.
Z.